El título de esta columna es “Vergüenza Nacional” y la razón es muy simple: la votación en el Senado de Chile el pasado miércoles 25 de enero, aprobando legislar a favor del aborto, contradice los elementos más básicos del derecho constitucional y la defensa de los derechos humanos.
Es lamentable que en Chile los legisladores que aprueban el aborto no hayan aprendido nada de la violación de los derechos humanos en nuestro país. Es inaceptable una ignorancia jurídica tan evidente y una visión de la persona humana tan cosificada y reductiva. Sí, en los fundamentos de los votos a favor queda en claro que el ser humano es un objeto del cual se puede disponer y no un sujeto a quien se le debe garantizar su derecho a la vida tal como lo establece la Constitución Política de la República de Chile en su art 19, n.1.
En efecto, cuando la Constitución dice que garantiza a todos los chilenos los derechos que establece, un legislador no puede violar a su antojo -haciendo uso de sofismas jurídicos y “culebreos éticos”-, el derecho a la vida y justificar la muerte de un ser en gestación. Entonces, la opinión pública debe tener claro que tal violación de los derechos fundamentales es quebrantar el estado de derecho y tirar a la basura el andamiaje mismo de los derechos humanos. Llama aún más la atención, que los que rasgan vestiduras por la defensa de la vida de parte de la Iglesia católica, no rasgaron vestiduras cuando la misma iglesia los defendió al ser perseguidos ideológicamente. Hoy son ellos – los pro aborto – quienes ideológicamente persiguen a los más indefensos y pobres entre los pobres para darles muerte, pues no hay justificación alguna para eliminar de manera directa a un ser humano indefenso en el vientre de su madre.
Veamos algunas de las intervenciones más reproblables que se hicieron:
La socialista Isabel Allende ha señalado que no hay nada más violento y degradante que la violación de una mujer. Y es obvio que no podemos estar en contra. Pero tal argumento no justifica eliminar con un acto tan violento y brutal a quien no tiene culpa de esa agresión y dejar al agresor libre sin que exista la obligación de denunciar. Aquí falla la ética fundamental y el derecho, pues un mal no se justifica con otro mal. Es decir, el fin no justifica los medios. Para fines buenos, se necesitan medios buenos. Y nunca será un método legítimo causar la muerte directa por aborto. Asimismo, postula solo la objeción de conciencia para el médico. Lo cual es absurdo y un resquicio de la ley ya que el equipo de salud involucrado es mucho más amplio y todos debieran tener derecho a la legítima objeción de conciencia. Temo, fundadamente, que traerán médicos extranjeros para practicar abortos en Chile. Esto no sería extraño. Y lo que deja de manifiesto su incoherencia es la comparación que hace con la ley de divorcio, señalando que esta permite “rehacer la vida”. Es bueno que ella sepa que el aborto no permite rehacer la vida. Ese niño asesinado ha sido condenado a la pena de muerte, violando su legítimo derecho a la defensa. Obligación que tiene el juez cuando peligra la vida del que está por nacer (art. 75 Código Civil). Asimismo, sería muy bueno que la senadora Allende viera el aumento exponencial de divorcios en el país. Eso mismo ocurrirá con la ley de aborto. El no querer verlo es fruto de una ceguera ideológica e irracional, pues la experiencia demuestra que en todos los países que han seguido el proyecto chileno, han aumentado dramáticamente los abortos. Basta solo con mirar el caso español para no tener dudas al respecto.
En segundo lugar quiero examinar los argumentos de Ignacio Walker de la Democracia Cristiana (DC). El senador señala que está a favor de la vida, pero a reglón seguido usa subterfugios lingüísticos para justificarse señalando que el aborto es para casos particulares. Es decir, la vida humana tiene un valor relativo. Desde su argumentación uno puede concluir que hay seres humanos de primera categoría y otros de segunda categoría que deben ser eliminados. Esto es absurdo, pues la ley debe ser racional y velar por la justicia para todos y no solo para algunos. Asimismo, argumenta que a una mujer no se le puede penalizar. Pero se olvida el senador que en Chile no hay mujer alguna en la cárcel por el delito de aborto. Una vez más falsea la realidad para justificar su voto y de paso traicionar la declaración de principios de la DC. Esto es una vergüenza nacional, pues en la DC estaban puestas la esperanzas de salvar muchas vidas rechazando legislar. En este sentido, la DC tiene ahora en su conciencia el peso de haber abierto las puertas a un crimen abominable. Habrá que estudiar si tal confabulación es una cooperación formal al delito de aborto. Lo cual, obviamente, tiene consecuencias éticas y jurídicas, especialmente para los católicos.
El senador Felipe Harboe del PPD señala que “las creencias son de cada uno, las leyes son de todos”. Otra vergüenza, pues la Constitución protege los derechos de todos y no solo de algunos. Aquí el senador echó por tierra todo el derecho constitucional. Más aun, señala que la discusión es jurídica y no valórica. Obviamente, tal afirmación ha perdido toda racionalidad jurídica, pues lo jurídico siempre es valórico. Se protegen derechos fundamentales y eso implica una opción valórica porque la justicia es un valor. Sin embargo, el senador lo reconoce para algunos, pero no para todos.
Por su parte el senador socialista Carlos Montes expresó que el aborto es un tema de salud pública y que el pluralismo de pensamiento existente en la sociedad chilena justifica el aborto. Una vez más, errores gravísimos. La salud pública obliga a salvaguardar la integridad de la madre y del hijo en gestación. No se entienden políticas públicas contra la vida de las personas, pues en ese sentido toda la política de apoyo a la mujer embarazada y lactancia actualmente vigente, no tendría objeto de ser. Lo cual, también, es absurdo.
En fin, creo que hemos asistido a uno de los momentos más tristes de nuestra vida republicana como nación respetuosa de los derechos del hombre, por lo absurdo de las argumentaciones y las más clara y manifiesta ignorancia jurídica y científica de aquellos que han votado a favor de legislar.