El Doctor Luis Ayala, director del hospital San Antonio de los Sauces, en Monteagudo, Santa Cruz de la Sierra, informó que el 25 de octubre de este año 2021 una niña de 12 años se presentó en ese nosocomio en compañía de su madre y de una tía, para someterse a un control médico. Se comprobó que la niña estaba embarazada de 23 semanas.
La madre portaba una carta de la Defensoría Municipal de la Niñez y Adolescencia de Monteagudo para que la niña recibiera atención médica por su avanzado estado de gravidez, en tanto avanza la investigación. La niña declaró que vivía en una comunidad distante a 25 kilómetros de la ciudad de Monteagudo. Teniendo ella 11 años fue forzada por su padrastro a tener relaciones sexuales, sin que ella pudiese defenderse. Ante esa situación la Conferencia Episcopal Boliviana ha emitido el siguiente mensaje que transcribimos:
"Dios no hizo la muerte; ni se goza en la pérdida de los vivientes (Sabiduría 1, 13). En estos días hemos sido testigos de la dolorosa situación que vive una familia por graves hechos de violencia sexual, sufridos por una niña de 11 años en el municipio de Yapacaní, que se tradujeron en un embarazo que hoy tiene más de cinco meses.
Desde la Secretaría General de la Conferencia Episcopal Boliviana, exhortamos a las autoridades públicas a respetar y proteger el derecho a la vida y a la salud de la niña que ha sido víctima de violación y del bebé que está en gestación. Ambas vidas merecen y deben ser protegidas.
La Sentencia Constitucional 206/2014, de ninguna manera puede entenderse como una forma de legalización del aborto. El aborto sigue siendo un delito en Bolivia y no existe una interrupción legal del embarazo. Cuidar y proteger la vida es una obligación de todos.
Por eso afirmamos que, tanto los derechos de la niña, como los del bebé que crece en su vientre, deben ser protegidos, ya que ambos son inocentes y víctimas de un acto criminal, que tiene una gravísima responsabilidad por la que se debe responder.
Siendo que la niña y su madre deciden continuar con el embarazo resguardando la salud de la niña y del bebé, se deben buscar posibles soluciones, como la adopción, dado que previsiblemente la niña todavía no cuenta con la madurez necesaria para asumir el cuidado y la atención del bebé.
Recordamos que no se puede obligar a nadie a realizar abortos, ni siquiera ante la gravedad de la violencia sexual, porque el aborto en Bolivia es un delito, aún bajo causales de impunidad y no se puede forzar a nadie, ni al personal de salud, a cometer este delito. Reclamamos la necesidad de definir mecanismos que respeten el derecho humano a la objeción de conciencia.
Que el Dios de la vida que infundió el don de la vida, y quiso que su Hijo naciera de una mujer, María nos ayude a proteger, cuidar y respetar toda vida."
La Paz, 26 de octubre de 2021.
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Como comentario personal nos parece muy valioso este mensaje episcopal, ya que han surgido opiniones de que se debe proceder al aborto de este infante no nacido, ya que fue generado en circunstancias de violación. Sin embargo, esta opinión no es justa. Las leyes deben proteger en todo momento la vida humana desde la misma concepción del embrión, aunque haya sido fruto de una violación como sucede en el caso presente.
Proceder al aborto, no sólo es quitar la vida a un ser inocente e indefenso, sino que además perjudica a la misma madre a la que puede causar consecuencias graves tanto físicas como psicológicas. Tan sólo favorecería al violador que tiene la obligación de cuidar al niño antes y después de nacer, corriendo con los gastos de alimentación, manutención y educación hasta su mayoría de edad.
Por eso apoyamos a los Obispos, quienes exhortan a las autoridades públicas a respetar y proteger el derecho a la vida y salud tanto de esa niña, víctima de violación, como también del bebé en gestación.
La Iglesia Católica en el Concilio Vaticano II, culminado en 1965, solemnemente declara: "La vida, desde su concepción, ha de ser salvaguardada con el máximo cuidado; el aborto y el infanticidio son crímenes abominables" (GS 51,3).
Completando ese mensaje hay que añadir que el derecho a la vida de todo ser humano, ya desde su misma concepción en el seno de la madre, es inviolable. Nadie puede desconocer o anular ese derecho. Tan solo en el caso de un peligro grave para la vida o la salud de la madre, como puede ser un cáncer uterino o un embarazo ectópico, cabría realizar un aborto. Pero hoy en día los avances en ginecología y neonatología han avanzado tanto que son muy raros estos casos.
El violador debe ser castigado según el Código Penal en Bolivia por el delito de estupro o sea violación a menor de 17 años, con el agravante de ser el autor pariente ascendiente de la adolescente. En el caso presente hacer abortar a la niña tan sólo beneficiaría al violador, quien debe hacerse cargo del infante por nacer, corriendo con todos los gastos de salud hasta que nazca y también después hasta que el infante alcance la mayoría de edad. En caso de que no lo haga debe ser encarcelado.
En Bolivia la Constitución Política del Estado, aprobada por referéndum en el año 2009, proclama el derecho de toda persona a la vida, y a la integridad física, psicológica y sexual, no existiendo la pena de muerte (Artículos 14, 15 y 59). Mucha gente está dispuesta a ayudar a que se pueda ayudar a la madre adolescente y también ver la manera de que una familia pueda adoptar al todavía no nacido.