Defensa de la Universidad
En estas semanas la administración Trump está acosando a diversas universidades privadas con el pretexto de luchar contra el antisemitismo —me dicen que quizá sería más exacto anti-sionismo— que afloró en muchos campus ante las terribles represalias del ejército israelí en Gaza después del mortífero ataque de Hamás del pasado octubre. Parece cierto que varias universidades no supieron gestionar la libre expresión de sus estudiantes en un tema tan delicado y controvertido y eso de una manera u otra llevó al relevo de sus equipos directivos.
Sin embargo, el tema de fondo es probablemente que para la administración de Trump —y para buena parte de los votantes republicanos— las prestigiosas universidades privadas de la Ivy League son «nidos de izquierdistas»; en todo caso, es obvio que buena parte de su profesorado no apoya a Trump ni a lo que Trump significa.
He prestado particular atención al conflicto de la administración Trump con la Universidad de Harvard. En la carta del 11 de abril de 2025—suscrita por tres altos directivos del gobierno estadounidense— se llega a pedir incluso una participación directa en la contratación del profesorado y en el proceso de selección de alumnos. El presidente de Harvard, Alan M. Garber, afirmaba en una declaración que «como judío y como estadounidense, sé muy bien que existen preocupaciones válidas sobre el aumento del antisemitismo». Sin embargo, añadió, lo que el gobierno busca es controlar «a quién contratamos y qué enseñamos».
La respuesta oficial del 14 de abril por parte de la Universidad —a través de sus abogados— me pareció admirable. Decía entre otras cosas: «Es lamentable, por tanto, que su carta [...] presente exigencias que, contraviniendo la Primera Enmienda, invaden las libertades universitarias reconocidas por el Tribunal Supremo desde hace mucho tiempo». Y unas líneas más abajo: «La universidad no renunciará a su independencia ni a sus derechos constitucionales. Ni Harvard ni ninguna otra universidad privada puede permitirse ser intervenida por el gobierno federal». Me sentí orgulloso de esta valiente actitud de la corporación académica: me parece que defender la legítima autonomía de Harvard es defender la institución universitaria.
De hecho, el 19 de abril el New York Times decía que, al parecer, la carta oficial del día 11 contra Harvard había sido «enviada sin autorización». De todos modos, no ha sido retirada. El lunes 21 de abril Harvard presentó una demanda legal de 51 páginas contra la administración estadounidense por la congelación de la ayuda con cargo a los fondos federales, saltándose —según los demandantes— los procedimientos administrativos legalmente establecidos. Entre otras cosas, se argumenta en esa demanda que el gobierno «no puede identificar ninguna conexión racional entre las preocupaciones por el antisemitismo y la investigación médica, científica, tecnológica y de otro tipo que ha congelado y que tiene como objetivo salvar vidas estadounidenses».
En relación con este tema, me ha interesado el artículo de Rómulo López —que me ha hecho llegar mi amigo Gabriel Zanotti— defendiendo la libertad académica y alentando a las universidades privadas a que renuncien a las ayudas públicas. Copio unas pocas líneas suyas: «Lejos de enjuiciar a la administración federal, deberían, si desean preservar su libertad académica, no aceptar los fondos del gobierno y más bien ver la forma de ser más eficientes en el uso de los recursos de que disponen. Eso les daría una auténtica libertad académica que sería mucho más poderosa que cualquier, juicio o manifiesto político o de valores de la universidad».
Entiendo el razonamiento, pero me parece que no tiene en cuenta que los fondos federales que Harvard recibe están vinculados en su mayor parte a proyectos de investigación en diversas áreas de enorme interés público, particularmente en el ámbito de las ciencias biomédicas. La Universidad de Harvard cuenta con once hospitales afiliados y centros clínicos donde se llevan a cabo investigaciones de primera línea en cáncer, diabetes, enfermedades neurodegenerativas (como Alzheimer y Parkinson), tuberculosis y tecnologías avanzadas, precisamente con esos recursos federales. Según información reciente, Harvard recibió $686 millones en fondos federales en el año 2024, lo que representó el 68% de los ingresos obtenidos para investigación.
La retirada de financiación para la investigación no amenaza, por supuesto, a la Universidad de Harvard, sino a la investigación que hasta ahora se viene desarrollando en estas áreas biomédicas, pues difícilmente podrán asumirla las fuentes privadas —empresas farmacéuticas, filántropos, etc.— si la administración Trump deja de subvencionar esos proyectos.
La Universidad de Harvard, con un endowment de 53.200 millones de dólares, ha tomado medidas para mitigar el impacto financiero de la congelación de las ayudas, pero los expertos señalan que esto no podrá reemplazar los fondos federales debido a restricciones en su uso (el 80% está destinado a fines específicos como becas o cátedras).
Por todo esto, me parece que pleitear como hace Harvard contra la intervención de la administración Trump es defender la institución universitaria.