La Santa Sede y la Iglesia estadounidense; sinodalidad y tradición

Un análisis sobre la petición de postergar una votación y las reacciones de los que olvidan la tradición.



Que la Iglesia viva tiempos difíciles y que los tiempos para la Iglesia estadounidense sean particularmente duros son cosas evidentes para todos. Lo demuestran también la enésima señal que llega de Estados Unidos y las reacciones a la decisión vaticana de pedir que se postergara la votación sobre las nuevas medidas para combatir los abusos sexuales que estaban por ser promulgadas por la Conferencia Episcopal del país.
 
Dos de los tres textos preparados por el comité ejecutivo del episcopado estadounidense provocaron algunas perplejidades en la Santa Sede. Los documentos fueron enviados a Roma en vísperas de la asamblea general de los obispos, que comenzó en Baltimore el lunes 12 de noviembre. Fue como si se tratara simplemente de una comunicación formal. En pocos horas, los que analizaron los textos en el Vaticano identificaron dos tipos de problemas: la falta de conformidad con lo que establece el Código de Derecho canónico una cierta generalización sobre algunos delos estándares establecidos para juzgar la responzabilización (accountability) personal de los obispos a la hora de ocuparse de casos de abusos. Con esta generalización, en algunos casos, habría sido difícil que algunos obispos se mantuvieran dentro de los estándares o incluso que fueran conscientes de haberlos violado.
 
Además, la votación del episcopado estadounidense de estas nuevas líneas guía se habría llevado a cabo cuando faltan poco más de dos meses para la cumbre a la que convocó el Papa Francisco sobre los abusos, en la que participarán todos los presidentes de las Conferencias Episcopales del planeta. El cardenal Marc Ouellet, Prefecto de la Congregación para los Obispos, por indicación del Papa, escribió una carta al presidente de los obispos estadounidenses, el cardenal Daniel DiNardo, en la que pidió que se postergara la votación de las líneas guía (no la discusión). DiNardo, el lunes 12 de noviembre comunicó la decisión durante la asamblea general, manifestando toda su desilusión: se refirió a la «insistencia» de la Santa Sede, descargando toda responsabilidad sobre el Vaticano, como si señalar a los obispos las incongruencias de las normas (que estaban por ser sometidas a votación) con respecto al Código de Derecho Canónico fuera una injerencia indebida.
 
En tiempos “normales”, un episodio de este tipo habría provocado reacciones bastante diferentes. La presidencia del episcopado y el comité que redactó las normas que hay que corregir habrían suscrito la preocupación de la Santa Sede y habrían invitado a los obispos a discutir más al respecto antes de someter todo a una elección. O habrían declarado que había peticiones por parte del Vaticano y que la presidencia las suscribía. Tan es así que nadie en Roma pidió que los obispos dejaran de discutir sobre estos textos (por lo que parecen, por lo menos, ingenuas las declaraciones entusiastas de quienes afirman que los obispos estadounidenses se mantuvieron firmes y siguieron discutiendo los documentos).
 
Es curioso que la galaxia político-mediática anti-papal (esa que convirtió al ex nuncio Carlo Maria Viganò en una especie de estandarte, normalmente tan atenta a la más mínima coma de la tradición y de la doctrina) haya denunciado, con tal de atacar a Francisco, un escándalo, fingiendo no darse cuenta de que la objeción de las autoridades vaticanas tenía que ver con las directrices del Derecho canónico y del Código promulgado por san Juan Pablo II.
 
Sorprende también que los que han instrumentalizado la decisión vaticana de postergar la elección (no la discusión) con el objetivo de denigrar al Papa en nombre de la colegialidad no respetada son algunos de los que en estos años siempre han considerado como un obstáculo cualquier alusión a la colegialidad misma, considerándola no un aspecto constitutivo de la vida de la Iglesia desde sus orígenes, sino un peligro insidioso para la integridad del primado Petrino. En realidad, la acusación de la galaxia político-mediática anti-papal y sus seguidores clericales, se puede invertir sin grandes esfuerzos: precisamente para respetar la colegialidad, la Santa Sede pidió que se postergara la votación, en vista del encuentro de febrero de 2019 en el que participarán todos los presidentes de los episcopados del mundo para discutir sobre el argumento.
 
Reconocer los errores cometidos en el caso chileno, el encuentro de febrero del año que viene en el Vaticano y el nombramiento del arzobispo maltés Charles Scicluna como secretario adjunto de la Congregación para la Doctrina de la Fe demuestran que el Papa en persona y la Santa Sede pretenden proseguir en la lucha contra el fenómeno de los abusos sexuales, en la prevención de los mismos abusos, en una mejor formación de los seminaristas, en la escucha y el acompañamiento de las víctimas, en el cambio de la vieja pero desgraciadamente todavía arraigada mentalidad que tiende a encubrir con tal de no provocar escándalo. Todo esto acompañado por la conciencia de que no son solo las normas o las leyes, o los estándares éticos, los que serán capaces de extirpar el mal y el pecado. Por la conciencia de que la salvación nunca podrá llegar ni ser garantizada por códigos de comportamiento.
 
La Iglesia no es capaz de auto-redimirse gracias a reglas cada vez más precisas y detalladas. No puede correr el riesgo de ser comparada con una “corporación”, perdiendo la propia naturaleza. Por este motivo, la oración y la penitencia, la conversión, la renovación espiritual y la gracia sacramental no son simples “accesorios” o respuestas inadecuadas al sórdido fenómeno de los abusos. Para quienes tienen el don de la fe representan, por el contrario, la única “medicina” verdaderamente eficaz.